· Familiares del joven agraviado e Indignación impugnan tardía y deficiente recomendación de la Codhey ante la CNDH
· El caso es emblemático y fue adoptado también por Amnistía Internacional en su campaña contra detenciones arbitrarias
El caso de un adolescente maya que fue detenido violenta y arbitrariamente por policías de Chemax y Xcan en febrero de 2016 y que fue golpeado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes que pueden constituir tortura muestra que el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) continúa incurriendo en las mismas deficiencias que los anteriores titulares.
La tortura, lamentablemente, ha sido práctica cotidiana en Yucatán, junto con las detenciones violentas y arbitrarias y los tratos crueles que las acompañan. Inadecuada catalogación de las violaciones a los derechos humanos significa tolerancia y encubrimiento de tortura y, por lo tanto, su perpetuación.
Es lo que hizo la Codhey, cuyo presidente acaba de rendir un informe ante el Congreso, al emitir la recomendación 35/2018 el pasado 28 de diciembre. Hasta la fecha, dicha recomendación no ha ameritado de parte de la Codhey ni una conferencia de prensa ni su difusión en medios. Como las anteriores administraciones, ha sido publicada con la mayor discreción, casi ocultándola.
La recomendación no se notificó al equipo Indignación a pesar de ser también quejosos y tener el domicilio de la agrupación como el indicado para recibir notificaciones.
Un caso tan grave, cometido contra un menor de edad maya con una condición que le impide escuchar adecuadamente, que ha sido considerado emblemático por evidenciar la práctica sistemática de las detenciones arbitrarias y los tratos crueles en Yucatán, que ha sido retomado por organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía y que podría significar una oportunidad para hacer señalamientos precisos con el fin de erradicar la tortura en el Estado, ha sido prácticamente ocultado, como suele hacer la Codhey con todas las recomendaciones de derechos humanos, omitiendo utilizar las herramientas con las que cuenta y quitándole a la recomendación una de sus mayores fuerzas: su carácter público, el señalamiento preciso de las violaciones y el señalamiento de los responsables.
A pesar de documentar la tortura y las agresiones contra el adolescente en el texto de la recomendación, la Codhey no cataloga adecuadamente los agravios ni hace recomendaciones adecuadas a la gravedad de los hechos. Ni siquiera acepta la Codhey exigir la disculpa pública a la que el menor tiene derecho, a pesar de los daños y los agravios que los hechos le han ocasionado, que incluyeron tener que trasladarse durante un tiempo a otra localidad. Los policías agresores continuaron laborando en el Ayuntamiento de Chemax durante toda la administración sin ser separados de su cargo ni sancionados.
La Codhey demoró casi tres años en emitir la deficiente recomendación, además de que únicamente solicita una investigación administrativa contra los responsables —en vez de hacer notar como violación que esta investigación no inició de inmediato— y en cambio, sobre la denuncia penal, sólo menciona que se inicie en caso de encontrar bases suficientes, a pesar de que la Codhey acreditó fehacientemente hechos constitutivos de delitos.
Al equipo Indignación le preocupa la continuación de omisiones y deficiencias en la actual administración de la Codhey, porque significan tolerancia ante las violaciones a los derechos humanos y los abusos de poder.
Ciertamente el Congreso de Yucatán tiene una gran responsabilidad pues seleccionó como Ombudsman al que garantizaba la continuidad de una Codhey deficiente, que ahora comprueba su incapacidad con esta recomendación y con otras acciones, omisiones, como las desafortunadas declaraciones relacionadas con el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, que exhiben su desconocimiento en materia de derechos humanos y su falta de compromiso con su protección y vigencia.
El equipo Indignación, junto con la mamá del joven agraviado, impugnamos la recomendación de la Codhey ante la CNDH con el fin de que catalogue adecuadamente las violaciones y mejore las recomendaciones correspondientes. El recurso se presentó el 27 de enero pasado, sin embargo, la Codhey ha incumplido su obligación de remitir dicha impugnación a la CNDH dentro de los 15 días naturales siguientes de haberla recibido, tal como marca la ley.
Ante las deficiencias evidentes de la Comisión de Derechos Humanos el equipo Indignación exige al Gobierno del Estado apegarse a los más altos estándares de derechos humanos en este caso y en el combate a la tortura, lo cual constituye siempre su obligación aunque la Codhey los minimice o trivialice. Todavía se encuentra integrándose la carpeta de investigación sobre los hechos cometidos por policías en contra del menor, la cual prácticamente no tuvo avances en la anterior administración.
Este caso muestra la práctica sistemática de las detenciones arbitrarias, tratos crueles y tortura perpetrados por distintos cuerpos policíacos en Yucatán, reiterados en otros casos como los de Tekax, Temax y Teabo, por mencionar sólo algunos.
Frente a esto el Gobierno de Yucatán está obligado a realizar todas las acciones necesarias para erradicar la tortura, lo cual incluye medidas para detectarla, así como investigación y sanción a los responsables.
El gobierno anterior omitió absolutamente su responsabilidad en esta materia, obstruyó o dilató investigaciones de casos de tortura y omitió establecer las medidas necesarias para evitar su continuación sistemática. El gobierno actual tiene la obligación de hacerlo.
