Por: Jesus Solís Alpuche
Recibí de Baja California Sur, de José Soto Molina, compañero y conocido activista de medios, su comentario respecto a la nueva figura de “Coordinador estatales de programas de desarrollo” implementada en el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ayer, destinó a Yucatán al ex candidato de Morena a la gubernatura, Joaquín Díaz Mena.
El nuevo esquema de relación federalista con los estados y municipios, según la nota de Soto Molina, ha sorprendido a muchos. En Coahuila lo llamaron supercoordinador, otros Estados casi vicegobernador. El propósito del presidente electo es designar coordinadores generales que, apoyados por directores, reduzcan el costo de la burocracia en los estados, compuesta por las delegaciones y subdelegaciones federales.
Y opina que “La nueva figura centralizará en el menor número de edificios propios o rentados, bajará los sueldos y formará un gabinete de directores para atender los diferentes despachos de atención. Eso evitará que funcionarios estatales, municipales, organismos públicos y privados, e incluso ciudadanos, acudan hasta México o a los estados donde se descentralicen las secretarías de Estado, fondos, fideicomisos y otras figuras del gobierno federal para realizar sus gestiones”.
El plan de austeridad considera posible reducir en un 70 por ciento el costo nominal de las delegaciones federales en los estados y con ello el número de oficinas. La idea en sí no es nueva, pues la descentralización y el nuevo federalismo, el redimensionamiento de la administración pública federal, inician desde Miguel de la Madrid, con saldos no del todo positivos, principalmente en el fortalecimiento municipal, en los programas de salud y educación, en el combate a la pobreza y a la inseguridad pública.
Sin embargo, lo que más preocupa en el ámbito local (no gobernado por Morena) es si la figura del coordinador general empata o supera la del gobernador de los estados. Pienso que no. El gobierno federal contaba ya con un coordinador de delegaciones prácticamente invisible. En muchos casos el Presidente y el Gobernador negociaban algunos puestos de delegados, lo que de muchas maneras derivó en corrupción a la hora de aplicar recursos federales en obras y programas. También derivó en una situación insostenible de los municipios: deudas excesivas, personal excesivo, corrupción, déficit, ineficiencia, etc.
La relación de los gobernadores con el gobierno federal está contemplada en diversos convenios de coordinación, siendo la distribución fiscal equilibrada, equitativa y suficiente el principal cuello de botella. Es demasiado pronto para entender hacia dónde se encamina el federalismo de López Obrador.
El principal reto es trascender las soluciones meramente administrativas y evitar la concentración del poder. El principal reto es trascender las soluciones administrativas, evitar la concentración del poder y abolir el reino de la marginación de “lo local” por el poder central. En gran medida la ciudadanía votó en contra de un régimen presidencial centralista y lejano, con estados y municipios subordinados a los recursos financieros autorizados, programables, etiquetados o extraordinarios, causa a su vez de moches, de arreglos cupulares y hasta de concertaciones entre autoridades de diversos partidos.
El Pacto Federal, en el ámbito de la reforma del Estado y de la cuarta transformación anunciada por López Obrador, demanda terminar con ese federalismo disfuncional, plagado de corrupción, de impunidad y lo más grave, de ineficacia. Si la Cuarta República iniciará desde abajo, es en las comunidades del municipio donde se tendrá que recuperar la esperanza y la riqueza de México. Para ello falta cambiar muchas leyes, crear nuevos instrumentos, cambiar muchos indicadores y parámetros, rediseñar esquemas sectoriales, fortalecer efectivamente a los municipios, mejorar los programas sociales, dinamizar la vida productiva de las regiones, microrregiones y comunidades. Concluye Soto Molina.chantzacan@hotmail.com
