Por: Jesús Solís Alpuche.
Ayer se realizó la última reunión del copecose del año 2018. Según el artículo 34 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, el Comité Permanente de Control y Seguimiento (COPECOSE) es un foro constituido en el seno de la Procuraduría, como una instancia de interlocución y participación de las organizaciones sociales campesinas más representativas y de los servidores públicos de la Procuraduría. Tiene por objeto el análisis de temas trascendentes en cuestiones agrarias y proporcionar asesoría jurídica del asunto agrario que en él se plantean, así como dar seguimiento a las acciones implementadas para su solución.
Al concluir 2018, este Comité, como la misma Procuraduría Agraria, instituida en enero de 1992 para dar certeza jurídica a las formas de propiedad y solucionar controversias en materia agraria que se generen, tanto entre sujetos agrarios, como entre terceros con motivo de la aplicación de la Ley Agraria a través de la conciliación; parece que hasta ahora o cumple con sus objetivos.
No tengo las cifras de sus resultados positivos, pero evidentemente y según esta reunión acalorada, muy poco ha podido hacer para coadyuvar con las representaciones ejidales en materia de derecho agrario y democracia campesina, y menos para dar certidumbre a la tenencia de la tierra, que el Programa de Certificación Ejidal (PROCEDE) instrumentó, con Víctor Cervera, desde el régimen de Carlos Salina para la trasferencia de derechos agrarios a particulares. De hecho, los visitadores y los mismos delegados en todo el país, han sido los instrumentos para este cambio del régimen agrario, que complicó la vida en el campo.
Conflictos entre los ejidos de Kinchil y Tetiz, por más de 5 mil hectáreas, que Tetiz ha vendido y hoy se recrudecen, con la aparición de dos predios, “los Cocos” a nombre de Neisy del Carmen Abrham Asaf con 985 hectáreas, y “Rancho Nuevo”, a nombre de Juanita Guadalupe Rodríguez Asaf, con una superficie de 960 hectáreas; donados por Víctor Cervera Pacheco, como terrenos nacionales, siendo del Ejido de Kinchil.
Otro conflicto es el de entre Seyé y Muxupip, que desde hace más de 10 años lucha por esclarecer el campesino Matilde May Chan con su Asociación Civil, “Planeación Rural Sustentable”; en Tecoh, el actual Comisarios Ejidal Mauro Manzanero Chan demanda fraude de su antecesor que operó más mil 700 hectáreas del territorio ejidal, dando a conocer la operación de sólo unas mil hectáreas.
El reclamo más acalorado lo hicieron los representantes del comisariado de Muna, al renegar del hecho que el FANAR le reconoce a Muxupip territorialidad ejidal que históricamente pertenecen a Muna. El subdelegado operativo de la Procuraduría, Ing. Felipe Diaz, dijo que el FANAR no dicta ni decide, sino que, al hacer las mediciones, se basa en el plano de su carpeta básica ejidal, que es el conjunto de documentos en los que se establece la creación, constitución y/o ampliación de los ejidos, de acuerdo al deslinde definitivo. Dijo que ofrecen apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra. Es de manera gratuita, a través del Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar, siempre y cuando lo soliciten y acepten la certificación que realice. Dijo que en el caso de Kinchil, no lo aceptaron y tal parece que en Muna tampoco.
Hice la aclaración que los Planos que se usan, a partir de 1992 y los llamados “deslindes definitivos”, están maleados de origen. Y no reflejan coincidencia con los planos proyectos determinados por el Decreto de Reparto Agrario del presidente Lázaro Cárdenas en 1937, por lo que ejidos como Kinchil, Muna y muchos más son afectados para beneficiar a otros.
La Lic. Margarita Plácido, asesora de varios ejidos en conflicto, así como Irma Yam, tesorera del comisariado ejidal de Samahil, responsabilizaron a los visitadores y a los propios Delegados y sus Jefes de Residencia, como cómplices de los desbarajustes en los ejidos del Estado, la incertidumbre y la falta de información de los derechos agrarios entre los campesinos, fáciles de manipular e inducir en la cesión de sus derechos agrarios, que redunda en venta de tierras a gente de mucho dinero.
El Ing. Felipe Díaz García dijo que entró en función nuevo Delegado el día 4 de del mes en curso y es el Antrop. Alejandro Ramírez Gomes, pero día de hoy salió a una comisión de su responsabilidad, y que en lo sucesivo se hará cargo de la procuración de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, brindar servicios de asesoría jurídica, arbitraje agrario y representación legal, promover la conciliación de intereses, la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo.
Coincidimos en la necesidad que el nuevo gobierno federal y la 4ª. Transformación incluya el reconocimiento de la naturaleza jurídica de nuestros pueblos como indígenas mayas y como sujetos de derecho público; atribuciones del nuevo organismo como el Instituto de los Pueblos Indígenas; cuyos principios deben institucionalizarse en los territorios, así como su estructura orgánica y estratégica de regionalización y transversalidad.
Nuestro derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado para la participación en la toma de decisiones en foros y asambleas ejidales. Durante muchos años se ha visto a los ejidatarios mayas como sujetos de asistencia, como niños chicos. Hoy, debemos hacernos visibles como sujetos de derecho. Es claro, que en los análisis y discusión sobre reformas o instituciones gubernamentales que velan por la política en materia indígena no puede estar ausente la voz de sus actores principales: en este caso nuestros como pueblos mayas. Queremos que se tome en cuenta las voces diversas y plurales de las diferentes comunidades y núcleos agrarios, en la recuperación del patrimonio, afectado, cada día más, por los megaproyectos bajo consignas pasadas de privatización de tierras ejidales y nacionales. chantzacan@hotmail.com
