Acuerdan ambas instituciones impulsar los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía yucateca.
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones multiplicadoras a favor de la promoción y defensa de los derechos humanos y derechos político-electorales de la ciudadanía yucateca.
En el marco de las Jornada de Democracia y Derechos Humanos, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, C.P. Fernando Balmes Pérez y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, M.D.H. Miguel Oscar Sabido Santana signaron el convenio orientado a difundir y capacitar a la sociedad en materia de derechos humanos, derechos civiles y políticos, democracia, igualdad política entre hombres y mujeres, así como participación política de todas las personas.
Al respecto, el delegado del INE en Yucatán, CP. Fernando Balmes Pérez expuso que “el Instituto, en el ejercicio de sus funciones, tiene como compromiso coadyuva a garantizar los derechos humanos, los cuales no son ajenos a la materia electoral; de lo contrario, no tendría sentido la potestad mandatada por el Estado de conseguir un modelo constitucional que se respete.
De acuerdo a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“En el caso del Instituto Nacional Electoral, esto obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía”, enfatizó ante el secretario de participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, Mtro, Julio Sauma Castilo, quien fungió como testigo de honor del acuerdo.
El día de hoy, continuó, suscribimos un importante acuerdo de voluntades con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para establecer las bases y mecanismos de colaboración, que nos permitan coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de la democracia constitucional y la cultura cívica con base en el conocimiento, difusión y respeto a los derechos humanos.
