Mediante diversos operativos realizados por la Policía municipal de Mérida, trabajadoras sexuales del Centro Histórico han denunciado la comisión de violaciones a sus derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura.
El día 10 de agosto, la Policía Municipal de Mérida detuvo de manera arbitraria a 8 trabajadoras sexuales que laboraban por el rumbo de San Cristóbal, en el centro de la ciudad de Mérida. El argumento utilizado por la policía municipal fue que “no estaban guardando la distancia y por cometer disturbios». Posterior a su detención y traslado a las instalaciones de la Policía Municipal, donde fueron privadas de su libertad, les quitaron la ropa, a una de ellas una policía le introdujo un dedo, además de tomarles fotos y grabarlas, mientras recibían burlas de los elementos policíacos.
Además de la detención ilegal y de recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a las trabajadoras detenidas les robaron dinero.
Un operativo similar fue realizado el día de hoy 12 de agosto cuando la Policía Municipal detuvo a 7 trabajadoras sexuales en las mismas inmediaciones del Parque de San Cristóbal. Según testimonios de una de ellas que logró escapar y refugiarse en un supermercado, este tipo de operativos se han dado casi a diario. Denuncian que la Policía Municipal las persigue, las insulta, les dice “pinches putonas”, “que se dediquen a otra cosa” las extorsiona y las detienen bajo el argumento de estar cometiendo disturbios.
Cabe resaltar que la política de persecución hacia el trabajo sexual ha sido parte de la apuesta de la actual administración encabezada por Renán Barrera Concha. En ese sentido, es preciso recordar que el día 14 de septiembre del 2019, el Cabildo aprobó diversas reformas a disposiciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, donde se incorporaron prohibiciones que representan una restricción a derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
Específicamente, la fracción VI del artículo 15 relativo al título III “de las infracciones a la dignidad de las personas”, establece la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública. Esta prohibición representa una criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras sexuales situación que ha sido ya considerada contraria a los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, debido a que se viola frontalmente la perspectiva garantista que reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos. Dicho reglamento ha sido impugnado ante los Tribunales Federales por diversos colectivos de trabajadoras sexuales.
Los operativos denunciados por las trabajadoras sexuales, así como el citado Reglamento, violan la Constitución Federal y la de Yucatán que establecen la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas que integran los grupos de atención prioritaria, situación que implica, entre otros, el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición, así como el derecho a la no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de su condición.
En este sentido, reiteramos que el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado, por ello, no puede ser calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos.
Las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión y marginación debido a la negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos. De este modo, resulta alarmante y contrario a los derechos más elementales que el municipio de Mérida haya desatado una política de persecución en contra de quienes ejercen este trabajo, situación que se ve agravada por la crisis económica que se deriva de la actual pandemia y de la falta de oportunidades laborales para quienes se dedican a esta labor.
También conviene recordar que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha mencionado que en México la vulneración de los derechos que experimentan las personas trabajadoras sexuales no se limitan solo a su actividad, sino a las discriminaciones que previamente se acumulan sobre ellas al pertenecer a poblaciones específicas.
Se ha documentado que cuando las personas trabajadoras sexuales dejan de ser vistas y tratadas como delincuentes, corren menos riesgos de sufrir tácticas policiales agresivas y se reorienta la atención a la defensa de sus derechos humanos.
Frente a esta coyuntura, y ante la constante campaña de hostigamiento y violación a derechos humanos emprendida por el municipio de Mérida, resulta fundamental que tanto la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, ante quien ya se han denunciado estos hechos, exija el debido respeto a los derechos humanos de quienes realizan esta labor, emita las medidas cautelares pertinentes e inicie de oficio una investigación que derive en recomendaciones específicas al municipio de Mérida que lleven a la sanción de los policías responsables y al establecimiento de políticas públicas que eliminen el estigma y la inseguridad con la cual las trabajadoras sexuales realizan su labor.
De igual manera, exigimos al gobierno municipal que cese el acoso, detención, extorsión y hostigamiento por parte de la policía hacia quienes ejercen el trabajo sexual en las calles, que se investigue y sancione a los policías que han violado los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y que se establezcan medidas y mecanismos adecuados, juntos con quienes ejercen esta labor, para garantizar que este trabajo se realice en condiciones de seguridad para las trabajadoras sexuales. Reiteramos que es obligación de toda autoridad promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos y prohibir todo tipo de conducta discriminatoria establecida en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C.
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