En los últimos días, el mismo Gobernador electo de Veracruz ha denunciado desvíos de recursos públicos con los que presuntamente se habrían adquirido propiedades a nombre principalmente de estos dos funcionarios. El 5 de julio pasado, por ejemplo, Miguel Ángel Yunes Linares informó que sus abogados sumaron dos acusaciones en contra de Duarte por el desvío de recursos públicos. La primera acusación fue presentada ante la Fiscalía de Lavado de Dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) y refiere al uso de recursos del erario para la compra de bienes en el país y en el extranjero por parte de los operadores de Duarte.
Yunes presentó una denuncia contra Duarte porque, acusó, mediante prestanombres ha acumulado más de 25 propiedades con un valor superior a los 3 mil millones de pesos.
De acuerdo con sus investigaciones, hay un Hotel en Bilbao a nombre del hermano de Duarte, un departamento en Madrid, así como casas en Houston y un rancho en Valle de Bravo, “que es una ofensa pues cuenta con 50 caballerizas, cuatro casas, además de un hospital para los caballos”, detalló en la entrevista radiofónica.
El panista Miguel Ángel Yunes pidió que la indagatoria de la PGR al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sobre sus bienes debe extenderse a Estados Unidos y España.
Recientemente, la Procuraduría General de la República solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que poseen 69 personas físicas y morales, entre ellas Duarte y varios miembros de su familia, a partir de una denuncia presentada por Yunes.
Para Yunes la indagatoria “no puede reducirse a pedir información sobre los bienes de Javier Duarte, su familia y sus cómplices al propio Gobierno del Estado de Veracruz, es obvio que ocultarán los datos que inculpan a Duarte […]. Tiene también que investigarse en otros países, en particular Estados Unidos y España, a donde han ido parte importante de los bienes”, dijo al diario nacional.
La segunda delación fue presentada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y denuncia un caso de evasión fiscal, en el que supuestamente 22 “empresas fantasmas” fueron creadas al inicio de la administración de Duarte para justificar pago de contratos por 654 millones de pesos.
En ese sentido, el candidato electo aseguró que la PGR tiene la posibilidad de pedir el apoyo del SAT para vincular a los cómplices, quienes tendrían que acreditar el origen fiscal de sus bienes y recursos.
