- ¡Ya Basta! Toda muerte bajo custodia policíaca implica responsabilidad del Estado
- Gobernador, Fiscal y Jefe policíaco de Yucatán tendrían que comparecer ante legislatura y rendir cuentas
- Erradicar la tortura, crear protocolo y mecanismos para detectarla, investigarla y sancionarla, exigencia ignorada por Mauricio Vila
La grave crisis en materia de derechos humanos que enfrenta Yucatán tiene una de sus expresiones más visibles y dolorosas en la persistencia de la tortura, así como en la tolerancia, silencio o encubrimiento hacia ese crimen. Son inaceptables las muertes ocurridas bajo custodia policial en el Estado y el silencio y las omisiones que han seguido a ellas.
El fallecimiento de una persona que se encuentra bajo custodia policial implica responsabilidad del Estado y debe seguirse un protocolo para descartar tortura y para fincar responsabilidades. El Estado es responsable de la vida, salud y seguridad de quienes se encuentran detenidos. Sin embargo, a pesar del número de personas fallecidas en cárceles en Yucatán o en el traslado después de una detención y a pesar de reiterados llamados ante la Secretaría de Gobierno de Yucatán, no se ha establecido este protocolo en Yucatán y se encuentran impunes todos los casos.
De hecho, el mecanismo que se activa ante el fallecimiento de una persona que se encuentra bajo custodia policial, es el encubrimiento y la única respuesta ha sido el silencio. Las autoridades de Yucatán e incluso la Codhey han contribuido a la impunidad, a la “normalización” de crímenes inaceptables y a la persistencia de ominosas prácticas como las detenciones violentas, arbitrarias, los tratos crueles e incluso, es imposible no considerarlo, tortura.
En el caso de Gaspar Sulub, quien “falleció” después de ser detenido en Progreso en febrero de este año, los familiares cuentan con un dictamen forense independiente que indicaría que fue sometido a tortura, dictamen que contradice el dictamen oficial. A pesar de eso, ni el gobernador, ni el jefe de la policía ni el Fiscal han dado explicaciones. Las muertes de Ronald Richmond, cuyo cuerpo fue encontrado en abril en la carretera Xoy – Chaksinkín, y de José Santiago Medina Naal, detenido en Mérida hace unas semanas y cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera Hunucmá – Sisal exhiben el horror, la impunidad y el silencio.
El Congreso del estado tiene la facultad de crear comisiones y de citar a comparecer a autoridades ante situaciones que así lo requieran. El fracaso de quienes tienen la obligación de investigar y sancionar les obliga a actuar. La posible tortura y ciertamente las muertes de personas bajo custodia policial, así como la impunidad que ha seguido a ellas obligan al Congreso a citar al Fiscal, al Secretario de Seguridad Pública y también al Gobernador de Yucatán, que ha sido incapaz de enfrentar este flagelo y realizar las acciones necesarias para detectar, investigar y erradicar la tortura en el estado. Casos denunciados han sido sistemáticamente bloqueados por la ahora fiscalía y entonces Procuraduría, como el caso de Roberth Tzab Ek, cerrado reiteradamente y reabierto únicamente a través de amparos desde hace 10 años.
Lamentablemente, de la Comisión de Derechos Humanos se puede esperar dentro de varios meses, seguramente más de dieciocho, un tibia recomendación en la que no figurará la palabra tortura y que no irá más allá de sugerir capacitaciones inútiles a los policías. Inútiles si no van acompañadas de los mecanismos necesarios para detectar, investigar y sancionar para erradicarla.
En 2016 al menos dos personas murieron por “infarto” en Mérida mientras estaban bajo custodia de la policía estatal. Una de ellas, en mayo, en los separos de la S.S.P. Otra, en diciembre, en una patrulla de la S.S.P., durante su traslado. Ese mismo año, en Temax, un joven murió en la cárcel. El dictamen forense señaló “parasitosis”.
En 2018 un joven murió en Teabo, en la cárcel municipal, y en 2019 otro joven falleció en Oxkutxzcab. Estas son sólo algunas de las muchas muertes en cárceles, centros de
detención y unidades policiacas en Yucatán.
En febrero señalamos en una carta abierta al Gobernador: Desde Indignación, en reiteradas ocasiones, hemos exigido un protocolo que obligue a descartar tortura cuando un fallecimiento ocurra en un centro de detención, tal como establece la legislación internacional de derechos humanos, lo cual incluye peritajes forenses independientes, investigación pronta, independiente e imparcial, sanción a los responsables y garantías de no repetición Con rabia, con Indignación, reiteramos la exigencia.
Ya Basta.
Comunicado del Equipo Indignación A.C.
